La descentralización de la educación, es un tema polémico y controvertido en la historia presente de los sistemas educativos, que se enmarca dentro de los modelos de modernización de las distintas naciones. Es más que una destreza administrativa, ya que implica cambios en las estructuras normativas, operativas y políticas, así como en la organización de dichos sistemas. Por otra parte, supone la generación de nuevas formas de relaciones entre los diversos sujetos que en ella participan.
A lo largo de la última década, la descentralización ha sido uno de los principios rectores de las reformas nacionales que, bajo criterios modernizadores, han replanteado el funcionamiento de los sistemas educativos. Ante las agudas crisis generales que atravesaban todos los aparatos y ámbitos de la vida de los países se planteaba la modernización de los Estados como la fórmula que los sacaría de las críticas situaciones que vivían. En lo económico se lograría un crecimiento con estabilidad de los precios, el incremento de la productividad, la incorporación de nuevas técnicas y nuevos conocimientos a la producción y la racionalización de los costos.
Como principal estrategia de la modernización se planteaban las políticas de descentralización que, en términos generales, significaban la transferencia del poder central o federal a las colectividades regionales y a su vez, esta descentralización del poder iba acompañada de una nueva forma de autonomía que transitaría desde lo nacional hasta lo local. En lo propiamente educativo, la descentralización se ha planteado como una forma para fortalecer el carácter de la educación como servicio público, para elevar su calidad y para lograr la participación de los diferentes grupos de la comunidad. Sin embargo, se puede reflexionar de dos maneras de entender la descentralización en este ámbito: una, basada en los principios y en la lógica neoliberales, y otra, orientada hacia la democratización de los procesos educativos.
Pero, ambas posiciones plantean cuestiones comunes, como, por ejemplo: la eficiencia para mejorar la calidad, el énfasis en la autonomía escolar, la escuela como centro de atención, la participación social, sus fundamentos y connotaciones ideológicas y políticas son profundamente diferentes. El punto de vista neoliberal promueve que el sistema educativo funcione bajo los criterios competitivos del libre mercado. Suponen que los servicios de buena calidad y el uso eficiente de los recursos se consiguen por medio de la competencia entre las instituciones educativas por tener mayor número de consumidores. De ahí que la autonomía de las instituciones educativas se utiliza para definir los criterios de competitividad. Y éste es, precisamente, el mecanismo que se espera eleve automáticamente la calidad de la educación. En general, esto favorece, muchas veces de manera indirecta, la privatización de los servicios educativos. La segunda posición, que también considera a la institución eduactiva como el centro de la actividad educativa, entiende a la descentralización como la transferencia del poder central, en tanto éste es repartido. En este sentido, aboga por una real participación social y porque las instancias educativas en el ámbito de la comunidad, de la zona escolar y de la escuela, cuenten con autonomía para responsabilizarse de lo académico y de lo administrativo, labor que anteriormente correspondían a instancias nacionales. Al conocer mejor el estado de la educación en sus espacios, es de suponerse que la toma de decisiones resulte más pertinente.
En síntesis, esta forma de entender la descentralización implica comprender la vida democrática en las instituciones educativas, a través del desarrollo de los procesos horizontales y colectivos de toma de decisiones que afectan el trabajo del centro escolar, de la instrumentación de acciones que busquen la respuesta de manera específica a necesidades pedagógicas, del fomento de la participación de los distintos grupos de la comunidad educativa. Sin embargo, vale la pena destacar que el ejercicio de la autonomía, especialmente en lo que a participación social se refiere, no debe entenderse como sustitución de aquellas funciones que por ley son responsabilidad de los gobiernos, especialmente en lo que respecta al financiamiento de la educación pública. La descentralización ha sido un muy complejo y en ciertos casos conflictivo proceso. Ha creado tensiones entre sujetos y grupos sociales, y ha implicado ritmos y avances no solamente diferentes, sino desiguales.
