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No obstante, es evidente que ambas instituciones siguen constituyendo contextos de aprendizaje de importancia primordial en la actualidad y que las dos comparten la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones. Familia y la institución educativa tienen el objetivo común de educar a la persona, que es única y que necesita encontrar coherencia y continuidad entre los dos contextos. Ninguna de las dos debería afrontar en solitario el reto que supone la educación en nuestros días. Por ello, en estos momentos las relaciones entre familia y el centro educativo se plantean en términos de complementariedad y apenas se cuestiona la necesidad de lograr una adecuada colaboración entre ellas. Dicha cooperación deberá respetar, en todo caso, el derecho fundamental de los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos.
El trabajo de impulsar la cooperación entre familia y la institución educativa ocupa actualmente a un buen número de actores, incluyendo entre ellos a responsables políticos, administradores educativos, equipos directivos de centros escolares, docentes y asociaciones de madres y padres. En la búsqueda de ese objetivo confluyen, por tanto, acciones que se desarrollan en diferentes niveles, desde estrategias dirigidas a los sistemas educativos en su conjunto hasta programas llevados a la práctica en instituciones concretas.
Actualmente, en los sistemas educativos se plantea la necesidad de interconectar cada vez más las políticas educativas y las políticas sociales, puesto que las instituciones educativas son un ámbito privilegiado para identificar a los niños en situaciones de riesgo social y para intervenir en la superación de las desventajas debidas a su bagaje familiar.
En síntesis, muchas de las reformas realizadas se basan en el enfoque de la implicación parental, los efectos beneficiosos de la implicación de los padres, pero no siempre tienen en cuenta la necesidad de proteger a las instituciones educativas de los comportamientos de algunas familias que se contraponen a los intereses generales. Además, los planteamientos críticos advierten que estas reformas son un modo encubierto de trasladar la responsabilidad sobre los resultados escolares del sistema educativo hacia las familias, sin considerar que la formación académica es labor de la institución educativa.